La reforma tributaria territorial que anunció el Ministro de Hacienda para el próximo año implica tanto un riesgo como una gran oportunidad para promover la competitividad regional. Modificar el margen de maniobra de las entidades territoriales y simplificar ciertos impuestos es una necesidad, al mismo tiempo que no se puede abrir la puerta para operaciones creativas con el predial.
En primer lugar, lo más importante es que ese proyecto no se convierta en un mecanismo para implementar una expropiación indirecta a través de un aumento desproporcionado de los prediales. Por ejemplo, si se modifica la forma de determinar los avalúos catastrales para disparar el valor de los terrenos los propietarios tendrían que asumir una mayor carga tributaria que, en muchos casos, no podrían cubrir, con lo cual terminarían a mediano plazo entregándole las tierras al Estado para sanear las obligaciones fiscales.
Es, en otras palabras, una forma de quitarle la propiedad a las personas a través de un impuesto que, a diferencia de la renta, no se paga con base en las utilidades percibidas en el año, sino que tiene un valor fijo que el ciudadano debe cancelar sí o sí, independientemente de lo bien o mal que le haya ido cada 12 meses.
En segundo lugar, las entidades territoriales tienen cinco grandes fuentes de financiación: el predial, el impuesto de industria y comercio – ICA-, el impuesto a los vehículos, las transferencias que les realiza la Nación y el Presupuesto del Sistema General de Regalías.
De estas, las últimas dos no dependen de la voluntad de los Alcaldes y Gobernadores, sino de las circunstancias macroeconómicas de la Nación. Si los ingresos del Presupuesto General de la Nación aumentan y el precio del dólar y el barril de petróleo se mantienen en niveles competitivos, desde Bogotá se van a poder girar más recursos a las regiones.
Nada más por mencionar un caso, mientras que para el bienio 2021-2022 el Presupuesto de Regalías ascendió a $18.4 billones, para el periodo 2023-2024 esa cifra llegará a $31.3 billones. Es decir, los recursos que tendrán a disposición los mandatarios territoriales para financiar proyectos de inversión casi que se duplicaron gracias al aumento del dólar y a un barril Brent por encima de los US$90.
Sin embargo, el gran reto de las finanzas regionales está en las otras tres principales fuentes de ingresos, dado que ellas están ligadas al desarrollo económico de cada zona y al margen de maniobra que tienen los Concejos y las Asambleas para establecer el régimen tributario de los Municipios y Departamentos.
Sobre todo, teniendo en cuenta que las entidades territoriales no tienen la libertad de determinar los tributos como quieran, sino que deben actuar dentro de un marco que les establece el Congreso. Y es ahí donde el proyecto que anunció el Ministro de Hacienda puede convertirse en la gran oportunidad para fomentar la competitividad regional.
De hecho, fortalecer la descentralización no solamente implica que las entidades territoriales reciban recursos fijos desde la Nación, lo cual ya ocurre con las transferencias del Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías, sino también facilitar que los Municipios y Departamentos compitan entre sí para atraer inversión a sus territorios, lo cual se logra, entre otras medidas, a través de aumentar o disminuir con mayor discrecionalidad los tributos a determinados sectores.
Una dinámica que se ve con claridad en Estados Unidos, donde, por ejemplo, el impuesto a las ventas es fijado libremente por cada Estado, a tal punto que mientras en Florida es del 6% en Nueva York es del 0% para compras de hasta US$110 en ropa. Y así sucesivamente con el grueso de los tributos que pagan los contribuyentes.
En últimas, el objetivo central de ese proyecto, además de desenredar el trámite tan complejo que en la práctica tienen impuestos como el ICA, debe ser otorgarle mayor margen de maniobra a las entidades territoriales para que su política tributaria les permita pelear por la inversión. Así, el crecimiento de las regiones dependerá en buena medida de la habilidad fiscal de sus mandatarios y no de las medidas que se tomen desde Bogotá.
Por: Nicolás Pérez