El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha emitido un decreto ordenando al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) que inicie los trámites para la repatriación de presos extranjeros. La medida busca que estos individuos cumplan sus condenas en sus países de origen. El decreto establece que el proceso debe basarse en la normativa local e internacional vigente, siendo un trámite individual y no colectivo.
El decreto ejecutivo número 139 instruye al SNAI a llevar a cabo «los procedimientos administrativos necesarios para la repatriación de personas extranjeras privadas de libertad por sentencia emitida en Ecuador». Se destaca que este proceso debe cumplir con la normativa constitucional y legal, así como con los instrumentos internacionales aplicables.
La coordinación de estas acciones se asigna a los ministerios de Relaciones Exteriores, de la Mujer y Derechos Humanos, del Interior y de Gobierno (Política). Además, se enfatiza que «todo procedimiento será singularizado», prohibiendo expresamente la repatriación de colectivos.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la población carcelaria en Ecuador es de 31,321 personas, de las cuales 3,245 son extranjeras. Se estima que aproximadamente la mitad de los presos extranjeros son colombianos. La medida surge en un contexto de crisis en el sistema carcelario ecuatoriano, marcado por hacinamiento, falta de presupuesto y episodios de violencia entre bandas delictivas.
La situación llevó al presidente Noboa a decretar un estado de excepción a nivel nacional y reconocer un «conflicto armado interno» a principios de enero. Esto permitió la intervención de las Fuerzas Armadas en operaciones conjuntas con la Policía para abordar a grupos de delincuencia organizada identificados como «terroristas». La violencia en las cárceles y en las calles ha situado a Ecuador entre los países más violentos de América Latina y el mundo, con una tasa de homicidios de alrededor de 45 por cada 100,000 habitantes.