Columna de opinión de Humberto Montero:
Venezuela celebra elecciones el domingo con la sombra de otro pucherazo en ciernes. No me extrañaría lo más mínimo que la victoria fuera pírrica para el orondo Maduro, pero con el margen suficiente para que ningún recuento posterior lo descabalgue del famélico Palomo, el que fuera correoso corcel de Bolívar, convertido hoy en un saco de huesos por arte del chavismo.
Y es que la economía venezolana se contrajo un 75% de 2014 a 2020, y luego registró un crecimiento del 1% en 2021, del 8% en 2022 y de 1% el año pasado, según la firma Ecoanalítica. Antes, el desplome acumulado desde la llegada de Hugo Chávez al poder con el cambio de siglo fue incluso superior a ese 75%.
Según el gubernamental Observatorio Venezolano Antibloqueo (OVA), la recepción de dólares del país cayó de 39.000 millones en 2014 a 743 millones en 2020, lo que significa que en siete años Venezuela perdió 99 de cada 100 dólares que recibía.
En mayo, el país cerró el primer cuatrimestre de 2024 con pérdidas parciales superiores a los 2.000 millones de dólares en sus ingresos como consecuencia -oficialmente- de las sanciones, pese a que el 88% de los días computados corresponden al periodo en que las medidas estuvieron suspendidas.
El régimen prevé que Venezuela, que vivió un proceso hiperinflacionario entre 2017 y 2021, cierre 2024 con una inflación inferior al 50%. En caso de cumplirse, algo más que dudoso en un país donde los datos oficiales son una ensoñación, Maduro daría por buena una inflación, repito, cercana al 50%. Un impuesto a los pobres del 50%, insisto. Eso implica que un venezolano necesita 110 dólares en junio para cubrir gastos básicos de alimentación (550 dólares para una familia de cinco miembros, tres dólares más que en mayo, según datos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. El salario mínimo actual en Venezuela es de 130 bolívares -unos 3,5 dólares-, que se completan con un bono de alimentación de 40 dólares. Además, los empleados públicos reciben el llamado “bono de guerra económica”, de 90 dólares.
Ante esta perspectiva, los venezolanos acuden a las urnas con más ganas que nunca de mandar a Maduro y sus secuaces a la Conchinchina, o a China a secas, donde seguro que les dan refugio. Y como el régimen se huele la tostada, millones de venezolanos en el extranjero no podrán votar. Así de fácil.
De los 29,4 millones de venezolanos, 21,4 millones pueden teóricamente votar en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, tanto dentro como fuera del país. Sin embargo, sólo 69.211 venezolanos en el exterior están habilitados para elegir a su presidente -menos que en las anteriores elecciones, que fueron 110.000-, lo cual representa una pequeña fracción de los aproximadamente ocho millones de venezolanos que según datos de la ONU han emigrado, una cifra que Maduro rebaja a dos millones.
Por no hacérselo muy espeso, enumerando uno a uno todos los países que acogen a la diáspora que ha dejado el chavismo, tomemos sólo Perú. Allí residen cerca de 1,5 millones de venezolanos, de los cuales unos 900.000 tienen edad para votar, pero según cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE), solo 589 estaban habilitados. La mayoría no ha podido inscribirse debido a los obstáculos impuestos por las autoridades, que exigen residencia permanente, pasaporte vigente y cédula de identidad. Lo dicho, otro pucherazo en ciernes.
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