Esta frontera binacional, atravesada por el río Catatumbo, que desde 1980 dejó de ser distrito perteneciente a Venezuela para ser subregión de Colombia, ha estado inmerso en el conflicto, por las constantes disputas entre el Estado, el ELN, disidencias de las FARC, el EPL y diferentes carteles de drogas.
El interés que tiene la delincuencia por esta zona geoestratégicamente localizada, se basa principalmente, en el cultivo de Coca, el cuál a partir de 1985 con la llegada del oleoducto Caño Limón Coveñas, se posicionó como uno de los principales ingresos de sus habitantes, dado que, el oleoducto atravesó el río Catatumbo, la explotación del Hidrocarburo fue acabando con la vida del bocachico y sus habitantes tuvieron que dedicarse al pancoger porque el río se convirtió en el mejor escondite para la desaparición de cuerpos.
El Conflicto desde 1980, no ha cesado, hasta el 2013 se registraron más de 66 masacres y alrededor de 120.000 desplazados, y según reportes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, desde el 2013 hasta la fecha se incrementó la siembra de coca casi en 1000% con cultivos promedios de 1,3 hectáreas.
Pese al acuerdo de paz, la tranquilidad no ha llegado a los 9 municipios que conforman la subregión (Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, Ocaña, Teorama, San Calixto y Tibú). El 22 de diciembre denunciaron la presencia en el territorio de miembros de la estructura 33 de las disidencias de las Farc, a quienes se les atribuyó el secuestro de un intendente y dos patrulleros el pasado 28 de diciembre.
Sin duda, los habitantes de la región anhelan que llegue realmente la presencia del Estado con inversión social, mejora en las vías terciarias para sacar los productos de los campesinos, y a su vez que se garantice la vida digna, sin reclutamiento de jóvenes, minas antipersonales, desplazamiento o masacres, y se regule tanto el Cultivo de Palma como el de Coca.
Entre las apuestas del Gobierno actual para cumplir con estos retos, está la creación de la Universidad del Catatumbo que estará ubicada en el municipio de Tarra, y la segunda, es directamente relacionada con la nueva política de drogas, que se basa en la gradualidad y no radicación al eliminar la persecución penal contra los pequeños cultivadores y la erradicación forzada contra esas mini-plantaciones; así lo hizo saber el ministro de Justicia, Néstor Osuna, al radicarlo en las oficinas del Consejo Nacional de Estupefacientes.
Fuente: @LaPola