El hermano de Daniel Quintero es señalado por la Fiscalía de presunta participación en un esquema relacionado con seis contratos de Bomberos de Itagüí por $17.656 millones. El ente acusador habla de una comisión del 15 %.
La Fiscalía General de la Nación imputó a Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, dentro de la investigación por presuntas irregularidades en seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
Los contratos, suscritos entre 2020 y 2022, suman $17.656 millones y estaban relacionados, según la Fiscalía, con acciones para reducir el riesgo de las comunidades durante la pandemia y fortalecer la capacidad de los organismos de socorro.
Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía sostuvo que los contratos habrían sido direccionados a favor de los Bomberos de Itagüí a cambio de una comisión equivalente al 15 % del valor contratado.
Según la hipótesis del ente acusador, inicialmente se habría planteado una comisión del 20 %, pero esta habría sido reducida al 15 % después de una negociación en junio de 2020. De ese porcentaje, 10 % habría correspondido a Miguel Quintero y el 5 % restante a otros integrantes del supuesto esquema.
$2.481 millones bajo investigación
Uno de los principales elementos expuestos por la Fiscalía es el supuesto destino de las comisiones.
El ente acusador calcula que, de los seis contratos, se habrían apropiado aproximadamente $2.481 millones. De ese monto, la Fiscalía atribuye a Miguel Quintero $1.654 millones en supuesto beneficio propio, mientras que otros $827 millones habrían favorecido a terceros.
La Fiscalía también explicó que, una vez el AMVA realizaba los desembolsos a los Bomberos de Itagüí, parte del dinero habría sido retirado mediante cheques por valores cerrados, muchos de ellos cercanos a $50 millones, que eran cobrados por diferentes personas.
Según la investigación, posteriormente el dinero habría sido entregado a integrantes de la estructura señalada por el ente acusador.
¿Qué papel habría tenido Miguel Quintero?
Aunque Miguel Quintero no ocupaba un cargo público dentro del AMVA, la Fiscalía sostiene que habría intervenido en la contratación mediante su relación con funcionarios de la entidad.
El ente acusador lo señala como presunto determinador de interés indebido en la celebración de contratos y como interviniente en peculado por apropiación. La Fiscalía también sostiene que habría utilizado a funcionarios del AMVA para intervenir en decisiones relacionadas con los contratos.
Junto a Quintero fueron vinculados a esta etapa del proceso Álvaro Alonso Villada García, Vanessa Álvarez Restrepo y Sebastián de Dios Ortega Urán, quienes también enfrentan señalamientos relacionados con los contratos investigados.
Uno de los nombres centrales del expediente es Misael Cadavid, exgerente de los Bomberos de Itagüí, quien entregó información a la Fiscalía sobre el supuesto funcionamiento de las comisiones y la distribución del dinero. Su colaboración hace parte de un principio de oportunidad dentro del proceso.
La defensa niega las acusaciones
La defensa de Miguel Quintero ha rechazado los señalamientos de la Fiscalía y ha cuestionado que se le atribuya una participación directa en los contratos.
Durante las actuaciones judiciales, sus abogados solicitaron precisiones sobre la intervención concreta que, según la Fiscalía, habría tenido Quintero en cada uno de los seis contratos.
La audiencia de imputación comenzó el 10 de septiembre de 2026 ante el Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín. La diligencia fue suspendida y posteriormente retomada, mientras las defensas presentaban sus observaciones y solicitudes de aclaración.
Al 15 de septiembre de 2026, el proceso continuaba en etapa judicial y no existe una sentencia que determine la responsabilidad penal de Miguel Quintero ni de los demás investigados.
La Fiscalía ha planteado además la solicitud de medidas de aseguramiento dentro del proceso, decisión que deberá ser resuelta por la justicia.
Un proceso que apenas entra en una nueva etapa
La imputación de cargos no equivale a una condena. Se trata de la presentación formal de la hipótesis de la Fiscalía ante un juez, mientras la defensa tiene derecho a controvertir las pruebas y argumentos del ente acusador.
El expediente, sin embargo, pone bajo investigación seis contratos públicos por $17.656 millones y una presunta apropiación de $2.481 millones, cifras que ahora deberán ser examinadas dentro del proceso penal.
Por ahora, la Fiscalía sostiene sus acusaciones; la responsabilidad penal de Miguel Quintero y de los demás procesados tendrá que ser determinada por la justicia.