La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el senador Iván Cepeda para establecer si se presentaron irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico realizada en octubre de 2025. El despacho del magistrado Francisco Farfán ordenó de oficio la práctica de pruebas y declaraciones.
Los cuestionamientos están relacionados, entre otros asuntos, con recursos reportados durante la campaña de Cepeda. Entre ellos aparecen $609 millones asociados a Samat Publicidad S.A.S. y $116 millones relacionados con Javier Antonio Pérez Páez. La controversia gira alrededor de la naturaleza de estas operaciones y de si correspondían a donaciones o a créditos en especie por servicios publicitarios.
El caso ya había sido revisado por el Consejo Nacional Electoral. El 1 de septiembre, el CNE decidió abstenerse de abrir una investigación administrativa y ordenó terminar la actuación, al considerar que no estaba acreditado que Samat Publicidad S.A.S. o Pérez Páez hubieran realizado donaciones a la campaña. El organismo consideró que los recursos correspondían a créditos en especie por servicios publicitarios.
Ahora, la Corte Suprema adelanta una actuación independiente para determinar si los hechos denunciados tienen relevancia dentro de sus competencias. La apertura de una indagación previa no significa que exista una decisión de responsabilidad contra Cepeda: la finalidad de esta etapa es recaudar elementos para establecer qué ocurrió y si hay razones para avanzar en el proceso.
La actuación judicial tuvo además una nueva diligencia esta semana. La Fiscalía realizó una inspección en la sede del Pacto Histórico en Bogotá, con autorización judicial, para recopilar documentos y soportes financieros relacionados con la consulta en la que participaron Cepeda y Carolina Corcho.
La consulta del 26 de octubre de 2025 definió a Cepeda como candidato del Pacto Histórico para las elecciones presidenciales de 2026. Ahora, las pruebas que recauden la Corte y la Fiscalía deberán determinar si los cuestionamientos sobre la financiación tienen alguna consecuencia jurídica o si las actuaciones son archivadas.