La Contraloría General de la República anunció la apertura de una investigación en contra del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por presuntos pagos duplicados y triplicados a funcionarios públicos. El proceso se originó a raíz de hechos ocurridos hace algunos meses dentro de la nómina del ministerio, donde se habrían efectuado pagos dos y tres veces en un mismo período.
Según la entidad de control, el daño patrimonial se habría ocasionado por más de 180,000 pagos equivocados que fueron girados a funcionarios de 74 entidades. Tras una auditoría financiera, se determinó un hallazgo fiscal por más de $1,643 millones, relacionado con los intereses que el Banco de la República dejó de liquidar diariamente sobre el saldo de la cuenta del Tesoro Nacional.
Además de Ricardo Bonilla, el viceministro general, Diego Alejandro Guevara Castañeda, y otros cinco funcionarios también serían responsables. Como parte del proceso, se vinculó a cuatro empresas aseguradoras como terceros civilmente responsables para garantizar el resarcimiento del perjuicio ocasionado.
El proceso se desencadenó cuando el Ministerio de Hacienda publicó información en su portal web el 24 de noviembre de 2023, revelando que a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) se realizaron pagos adicionales de nómina a varios servidores públicos. Estos pagos salieron directamente del Presupuesto General de la Nación y se dieron de manera doble o triple con respecto a la asignación mensual de cada funcionario, sumando un total de aproximadamente 665,000 millones de pesos.
La Contraloría inició una indagación preliminar para determinar las circunstancias de los pagos indebidos y evitar un detrimento patrimonial. Aunque se recuperaron alrededor de 663,000 millones de pesos para el tesoro público, aún queda un gravamen por recuperar de 1,624 millones, que incluye el impuesto de movimientos financieros cobrado por una única entidad.
El Ministerio de Hacienda argumenta que parte de ese saldo pendiente es de difícil cobro debido a la situación de algunos funcionarios del Ejército Nacional y otras entidades (retirados, inactivos, fallecidos y embargados). La Contraloría identificó tres causas principales para la pérdida de recursos: errores en las nóminas presentadas, fallos del sistema y la inobservancia de alertas generadas.
La auditoría fue realizada por la Contraloría Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras, en el marco del Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal.