Por: Juan Espinal
El accidente del avión Hércules C-130, ocurrido hace ocho días y que dejó 69 fallecidos y 57 heridos, no solo enluta al país, sino que abre profundos interrogantes sobre la gestión, el mantenimiento y la responsabilidad en el manejo de los equipos de nuestra Fuerza Pública.
Más preocupantes aún, fueron las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien calificó la aeronave como “chatarra”, sembrando un manto de dudas sobre su estado real. Vale recordar que este avión fue donado por los Estados Unidos durante el gobierno del presidente Iván Duque, con un valor cercano a los 12 millones de dólares.
Según información oficial, la aeronave había acumulado 345 horas de vuelo entre 2021 y 2024, y solo en 2025 alcanzó 537 horas adicionales. De acuerdo con el general Carlos Fernando Silva, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el avión aún tenía cerca de 40 años de vida útil. Incluso, autoridades militares de Estados Unidos habían señalado que la aeronave podía operar alrededor de 10.000 horas más en condiciones óptimas, siempre que se garantizaran los mantenimientos adecuados.
Sin embargo, las alertas sobre mantenimiento no son nuevas. Informes han advertido dificultades en la disponibilidad de repuestos para equipos estratégicos como los helicópteros Black Hawk y los propios Hércules C-130. Hoy la realidad es alarmante: de los 49 helicópteros Black Hawk del Ejército, al menos 20 no están operando por fallas técnicas y falta de mantenimiento.
La pregunta es inevitable: ¿quién responde? No se trata de un hecho aislado. Entre 2023 y 2026 se han registrado nueve accidentes que han cobrado la vida de más de 109 integrantes de la Fuerza Pública. Esto refleja un problema estructural que el Gobierno no puede seguir ignorando.
Actualmente, solo 4 de cada 10 aeronaves de la Fuerza Pública están operativas. En el Presupuesto General de la Nación 2026, apenas el 0,5% de los recursos asignados a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, equivalente a $15.146 millones, se destinan a la adquisición de bienes y servicios para el Comando Aéreo de Transporte Militar, unidad responsable de la operación de este tipo de aeronaves.
El déficit es evidente. Según el exviceministro de Defensa Gustavo Niño, existe un faltante cercano al 80% en la inversión necesaria para el mantenimiento de la flota aérea. Mientras se requieren al menos 2 billones de pesos, actualmente apenas se destinan alrededor de $400.000 millones. A esto se suma un dato aún más preocupante: en 2025 solo se ejecutó el 40% del presupuesto de inversión para Defensa y Policía, equivalente a $928.055 millones.
Colombia no puede normalizar la tragedia ni la negligencia. Estos hechos no pueden quedar en la impunidad. Desde el Congreso de la República promoveremos un debate de control político al Ministro de Defensa para esclarecer lo ocurrido y exigir responsabilidades.
Las familias de las víctimas merecen respuestas, el país entero exige verdad, y sobre todo, Colombia necesita un Gobierno que asuma su responsabilidad jurídica y política frente a la vida de quienes defienden la seguridad de todos.