La posibilidad de un racionamiento de energía en el país se ha vuelto un rumor que toma cada vez más fuerza, los bajos niveles de agua en los embalses, principalmente en los que abastecen al distrito capital y el fenómeno del niño, preocupan a muchos por la capacidad de garantizar la seguridad energética a los colombianos.
Dicha preocupación ha sido abordada en diversas instancias, una de ellas, el Congreso de la República, en dónde las tarifas y el posible racionamiento se han convertido en temas principales en debates de control político. Tanto Senadores como Representantes a la Cámara han expuesto la necesidad de establecer tarifas diferenciales de energía que tengan en cuenta las condiciones de las regiones, ejemplificando que las altas temperaturas de la Costa Caribe causan una mayor demanda de energía, una de las razones por las que esta región se está viendo afectada por el alto costos de los recibos, entendiendo que estos ascienden a cifras millonarias.
La discusión se encuentra un tanto divida, desde el gobierno nacional, representado por la cartera de Minas y Energía, el esfuerzo para generar tranquilidad asegurando que el país no atraviesa crisis alguna y que no se realizarán racionamientos de energía, ha sido constante; sin embargo, la incertidumbre incrementan tras explicaciones técnicas en temas como fenómenos naturales (Fenómenos del Niño y/o la Niña), deudas escondidas, e incapacidad de abastecimiento de energía, tal como mencionó El Gerente de Energía de Bogotá Juan Ricardo Ortega, el pasado 10 de abril en el debate de control político realizado por la Comisión Quinta del Senado, donde afirmó que para 2026 no se tendría energía suficiente en el centro del país y que “ENEL no puede permitir que se construyan nuevas viviendas o centros de distribución en el noroccidente de la ciudad, porque no hay como certificar que hay forma técnica de distribuir esa energía en el norte y en el occidente”.
Frente a las medidas que se han tomado para enfrentar la situación desde el Ministerio de Minas y Energía se mencionan campañas para el ahorro de energía, trabajo en transición energética llegando hoy a casi el 4% de la matriz eléctrica cubierta con energía renovable, identificación y adaptación al cambio climático, protección de los embalses a través de acciones como la limitación de la venta de energía a Ecuador, proyectos para que la formación del precio de bolsa obedezca a señales de eficiencia y de modificación de metodologías de comercialización; así como también se ha recalcado que para abordar la problemática tarifaria son necesarias la intervención para la garantía de una competencia real en el sector energético, la cancelación de las deudas escondidas que se encuentran en el sistema y la regulación sobre las pérdidas.
Aunque son notorios los esfuerzos por posicionar el mensaje de tranquilidad respecto a la seguridad energética del país, la discusión que es alimentada por factores técnicos y políticos, no termina de dar un panorama de certezas.
Por: Camila Quevedo Guerra | Politóloga