Once de los 16 representantes de las llamadas «curules de paz» —elegidos por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep)— firmaron el pasado 21 de julio una declaración de respaldo al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, quien asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto. NoLa decisión sorprende porque el mandatario electo ha planteado desmontar buena parte de la institucionalidad nacida del Acuerdo de Paz de 2016.
Lo que está en juego
De la Espriella ha anunciado la eliminación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, cuyas funciones pasarían a un nuevo Comisionado Nacional de Seguridad. También ha cuestionado el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Estas propuestas ya generaron reacciones. El exministro del Interior Juan Fernando Cristo, uno de los negociadores del Acuerdo de 2016, expresó su extrañeza por el respaldo de las curules y llamó a los congresistas a que, en cambio, defiendan la implementación del Acuerdo ante el nuevo gobierno. Por su parte, Gloria Cuartas, saliente directora de la Unidad para la Implementación, señaló que las curules de paz deben ejercer control político sobre la Unidad de Víctimas.
Los congresistas que firmaron la declaración, sin embargo, condicionaron su acompañamiento a resultados concretos: inversión social, reparación a las víctimas, infraestructura y mayor presencia estatal en sus territorios.
Por qué importa
El respaldo de estas curules no es un hecho menor: se trata de voceros de comunidades que sufrieron directamente el conflicto armado y que fueron pensadas como garantes del cumplimiento del Acuerdo de Paz. Su alineación con un gobierno que plantea reestructurar esa institucionalidad abre un interrogante sobre el rumbo que tomará la política de paz en el país durante los próximos cuatro años.
La discusión no se limita a Bogotá. Para regiones como el Oriente antioqueño, donde el conflicto armado también dejó huellas profundas, el debate sobre cómo el nuevo gobierno abordará la implementación del Acuerdo —y la atención a las víctimas— es un asunto que difícilmente pasará inadvertido.
Queda por verse si el respaldo anunciado se traduce en resultados concretos para los territorios, o si, como advierten sus críticos, termina siendo una decisión que estos mismos representantes tendrán que explicar ante las comunidades que dicen representar.
Correo News hará seguimiento a este proceso a medida que se conozcan más detalles sobre la reestructuración anunciada por el gobierno entrante.