La Ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, anunció un acuerdo con el Congreso para avanzar en el trámite de la Jurisdicción Agraria. Este proyecto de ley, que cuenta con mensaje de urgencia, busca crear un sistema judicial especializado para resolver los conflictos relacionados con la tierra en Colombia. Correo News destaca que el polémico artículo relacionado con la «expropiación exprés» ha sido objeto de ajustes para aclarar su alcance.
Desde la Casa de Nariño, la ministra Carvajalino aseguró:
«Yo quiero insistir en que no hay ningún artículo sobre expropiación. Lo único que hace el proyecto de ley en este aspecto es señalar que la competencia judicial para conocer casos de expropiación recaerá en los tribunales agrarios y rurales».
La aclaración responde a inquietudes planteadas por sectores políticos y sociales que interpretaban uno de los artículos iniciales como un mecanismo para facilitar la expropiación de tierras. Según reveló RCN Radio, el texto será ajustado para alinearse con el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, que exige el respeto por los recursos naturales y la propiedad privada.
Procesos especiales para conflictos agrarios
La ministra detalló que la propuesta de ley contempla procesos agrarios específicos, como:
- Clarificación de la propiedad de tierras.
- Deslinde de tierras de la Nación.
- Extinción del dominio agrario por incumplimiento de la función ecológica y social.
- Recuperación de baldíos indebidamente ocupados.
- Reversión y revocatoria de actos administrativos relacionados con adjudicación de baldíos.
Carvajalino enfatizó que, salvo el proceso de extinción agraria del dominio, los demás serán de decisión administrativa. En casos donde exista oposición, se garantizará una revisión judicial automática, permitiendo a las partes involucradas solicitar medidas cautelares, como la suspensión del acto administrativo en cuestión.
La ministra destacó el consenso logrado con el Congreso para tramitar el proyecto. Aunque el texto inicial generó polémica, el acuerdo entre las partes garantiza que el sistema judicial agrario respetará los derechos fundamentales de propiedad y el marco constitucional.