En el diseño de política pública o de nuevas regulaciones al interior de las entidades públicas siempre existe una tensión entre lo político y lo técnico, que luego de su interacción muchas veces logra un equilibrio. Si una propuesta de regulación por ejemplo se centra sólo en lo técnico y no en lo político, corre el riesgo de generar tensión y protesta social. Si por el contrario se centra sólo en lo político, corre el riesgo de convertirse en un costo fiscal imposible de administrar llegando a su inviabilidad. Lograr este equilibrio es en el fondo el papel más importante de un hacedor de política pública.
El problema aparece cuando el fundamentalismo ideológico, agregado al activismo, se suman a esta ecuación, llevando a que las reformas o las políticas se adopten sin consideración ni en lo político, ni en lo técnico, porque simplemente es lo que pienso yo o una minoría o una supuesta mayoría exigua, finamente manipulada desde el activismo. En este caso no hay consensos o son pobres, no hay diálogo o es de sordos, y no hay debate porque para eso fuimos elegidos. Se da una forma de imposición. “De malas, pueden llorar”, dirían algunos para defender sus propuestas.
Este neofundamentalismo político fue descrito recientemente por el profesor uruguayo Miguel Pastorino, en un artículo titulado La crisis ética de la política y el auge del fundamentalismo y me sorprendió la precisión en la forma como lo caracteriza: sentimiento de minoría y victimización, pensamiento maniqueo y sectario (dividen la realidad en buenos y malos, amigos y enemigos), proyecto socio-político basado sólo en alcanzar poder para imponer ideas, apelan a una pureza moral cómo únicos dueños de la verdad, y de la ética; obediencia ciega a la autoridad o la renuncia a cualquier crítica o debate, y un discurso paranoide de autojustificación o desconfiar del otro o del distinto preservando una pureza de grupo. Le faltó la tendencia a buscar siempre culpables.
El riesgo, y ya se vive en Colombia, es que este neofodundamentalismo tiene costos y no son menores. En salud estamos corriendo el riesgo de destruir una cobertura del 99% y los costos superan más de 10 billones de pesos adicionales anuales; en lo laboral costaría 35% más la nómina para tenderos y comerciantes y se perderían no menos de 300 mil empleos; en lo pensional puede significar la elevación del número de semanas para lograr una pensión en salarios bajos y la afectación al mercado de crédito de largo plazo en Colombia; en la transición energética seguimos con la incertidumbre de la firma de nuevos contratos de exploración; en control e intervención de precios (peajes y servicios públicos) ya vamos en mínimo 2 billones de pesos en subsidios y mucho inversionista frenado, y ahora resulta que el Invima prefiere abstenerse de importar por defender una industria nacional inexistente, generando escasez e inflación y afectando la salud y la vida, y sigue la lista.
Vale la pena que, en un escenario de inflación, desaceleración en el crecimiento y más desempleo, reflexionemos sobre este asunto y con una lógica más pragmática volvamos a la sensatez.
Fuente: http://www.elcolombiano.com