La paciencia se agotó en Manabí. Con un retraso de casi USD 50 millones en transferencias del Gobierno Nacional, la Prefectura enfrenta una asfixia financiera que golpea no solo la gestión pública, sino también la moral de sus trabajadores. En medio del ahogo presupuestario, el prefecto Leonardo Orlando no se guardó nada: “Vamos unidos en esta lucha por los recursos que le corresponden a la provincia”, sentenció.
De la deuda total, USD 28 millones corresponden al Modelo de Equidad Territorial y a competencias de Riego y Drenaje, áreas clave para el desarrollo rural. Mientras los proyectos se estancan y las cuentas se ajustan, los trabajadores han seguido operando sin paralizaciones, sosteniendo la institucionalidad desde la base.
Este miércoles 5 de marzo, Orlando se reunió con representantes sindicales para definir una hoja de ruta conjunta. El resultado: una carta dirigida al presidente de la República, al ministro de Economía y Finanzas y al gobernador de Manabí, exigiendo la transferencia inmediata de los fondos.
Pero más allá del documento formal, lo que se cocina es una posible movilización. “Cuenten con nosotros, y si es necesario, nos iremos a Quito”, advirtió Klever Mendoza, vocero de los trabajadores. La advertencia suena a ultimátum y se suma al clima de tensión que se vive en varias provincias por el incumplimiento presupuestario.
Orlando, por su parte, apuesta por una narrativa de firmeza institucional: unidad con los trabajadores, presión al Ejecutivo y trabajo sostenido en territorio. “Con más fuerza que nunca, a seguir trabajando por nuestra gente”, dijo.
El reclamo de Manabí no es aislado. Pero tiene peso simbólico y político: es una provincia estratégica, con liderazgo territorial fuerte y una ciudadanía cada vez más crítica frente al centralismo fiscal.