Mientras en redes sociales se difunde que el alcalde de Calvas intenta “subirse el sueldo”, la realidad es bastante distinta. Lo que está en juego no es un capricho personal, sino un proceso obligatorio de reestructuración administrativa recomendado por la Contraloría General del Estado y avalado por el Ministerio de Trabajo, que busca sanear, ordenar y modernizar la plantilla del GAD.
¿La razón? El GAD Calvas arrastra —desde administraciones anteriores— una estructura salarial y de cargos desactualizada, duplicada y poco eficiente. El problema no es nuevo. Lo nuevo es que, por fin, alguien se atrevió a poner la casa en orden. Esa decisión no ha caído bien en ciertos sectores políticos.
Desde Talento Humano se lideró un proceso técnico de actualización: se reestructuraron puestos, se ajustaron perfiles, y se propuso una escala salarial basada en la Ley del Servicio Público (LOSEP). Y sí, como lo establece la ley: si el alcalde no se ajusta a la nueva escala, ningún funcionario puede beneficiarse de ella.
¿Qué han hecho algunos concejales? Israel Cuenca, Zulay Pinzón, José Bolívar Cueva y Santiago Guarnizo quieren montar una narrativa mediática donde el foco no es el fondo técnico ni el mandato de ley, sino el morbo político: “el alcalde se quiere subir el sueldo”. Lo que no dicen es que, al negarse a aprobar la estructura propuesta, están dejando a más de 80 funcionarios sin la posibilidad de mejorar sus condiciones salariales, pese a que cumplen funciones exigentes y tienen derechos adquiridos.
Peor aún: algunos de esos concejales fueron parte de las administraciones que permitieron el desorden que hoy se intenta corregir. Hablan de “defender al pueblo”, pero bloquean reformas que beneficiarían al mismo pueblo que hoy exigen servicios eficientes.