Uno de los retos que ha tenido el Gobierno del presidente Gustavo Petro es encontrar personas calificadas para asumir los altos cargos del Estado. No se trata solamente de los ministerios que tienen una importante carga política, además están todos los viceministerios y las muchas direcciones o gerencias de entidades claves. La izquierda no había gobernado y no ha tenido “la escuela” que han usado los gobiernos que se alternaron en las últimas décadas: los funcionarios se forman en distintos cargos de bajo o mediano nivel tanto en el Estado como en la empresa privada y escalan poco a poco, entre gobierno y gobierno, hasta llegar a los cargos importantes. En la administración Petro, algunos funcionarios vienen de administraciones locales y no pocos directamente del activismo social sin paso previo por el Estado. Eso tiene ventajas y desventajas.
No es lo mismo ser activista que ser funcionario en un Gobierno. Eso no quiere decir que quienes vienen del activismo no tengan competencias importantes. Al contrario. El activismo se mueve en donde están las necesidades concretas. Quienes se han curtido en las batallas por el medio ambiente, por los derechos de mujeres, campesinos, indígenas o población afro, entre otras causas, conocen de primera mano lo que sienten y padecen los que no han tenido acceso al poder por siglos. Eso es un activo importante cuando se diseñan políticas públicas. Que el poder se diversifique y lleguen los que nunca estuvieron ahí no solamente democratiza al Estado, también ayuda a entender. Siempre será distinto diseñar programas desde un escritorio, por muy capacitados que estén los funcionarios, a conocer de primera mano lo que pasa en donde se viven las dificultades.
Por mencionar algunos logros, al activismo le debemos el voto femenino y la reivindicación de los derechos de las mujeres y de la población LGBTI. Al activismo se le debe la alerta por el cambio climático y los esfuerzos por acabar con el racismo. Por eso es tan importante el reconocimiento de esos liderazgos y lo que pueden aportar desde el Gobierno. Sin embargo, el Estado tiene unos engranajes complejos que lo hacen lento y difícil de manejar.
Desde el activismo se reclama, se exige, se denuncia. Desde la función pública se debe administrar, responder, dar solución. Todo eso en medio de una maraña de normas que hacen muy difícil la gestión. Además, el manejo de lo público requiere una capacidad administrativa y de negociación política para sumar en la diferencia. El activismo tiende a tener posiciones radicales porque así las batallas se hacen más visibles para conquistar derechos negados. Es claro que, por ejemplo, parte del problema con la exministra Carolina Corcho fue la dificultad para pasar de su condición de activista como dirigente gremial, al Gobierno. Desde la función pública se debe negociar y ceder.
En el primer gabinete del presidente Petro muchos celebramos el intento de formar un Gobierno de coalición que llegó a recoger personas muy capaces de distintas tendencias políticas. Compartieron gabinete con quienes venían del activismo. En dos crisis ministeriales muy tempranas quedó maltrecha y casi acabada esa opción plural. Sería bueno intentar regresar a ella porque si el Gobierno rearma la coalición, además de las mayorías que necesita en el Congreso, podría apoyarse en el talento y la experiencia acumulada de personas formadas en lo público que están en distintas orillas políticas o ideológicas. Esas personas, al lado de los activistas y líderes sociales que llegaron a gobernar, pueden encontrar el punto medio para empujar la maquinaria del Estado. Siempre será mejor sumar distintos saberes y conocimientos. Un rescate milagroso en la selva de cuatro niños nos ha dado una lección en ese sentido. Ojalá el presidente Petro entienda que ese episodio, que él ha aplaudido y mostrado como símbolo de unidad, lo interpela directamente: el camino es concertar, sumar.
Fuente: http://www.elespectador.com