Correo News pudo conocer que el Ministerio de Defensa abrió una investigación tras la revelación de Noticias Caracol sobre una presunta infiltración de las disidencias de las Farc —al mando de alias Calarcá— en organismos del Estado, incluido el Ejército. La denuncia, sustentada en testimonios de miembros del grupo armado ilegal y fuentes oficiales, apunta a una supuesta colaboración de uniformados con esa estructura criminal.
Según el reportaje, generales habrían servido como enlaces entre las disidencias y autoridades estatales. También se señala que vehículos oficiales habrían sido usados para movilizar integrantes del grupo armado y que desde el Estado se les habría entregado información clave para evadir operativos de la Fuerza Pública.
Los archivos secretos hallados en dispositivos de alias Calarcá contienen conversaciones con alias Iván Mordisco, en las que este asegura tener supuestas pruebas de financiación irregular de la campaña del presidente Gustavo Petro. En esos mismos intercambios se menciona a la vicepresidenta Francia Márquez.
Además, los documentos —chats, correos, cartas y fotografías— apuntan a una relación directa entre las disidencias y dos altos funcionarios: el general Juan Miguel Huertas, actual director del Comando de Personal del Ejército, y Wilmer Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). La Fiscalía tendría en su poder computadores, memorias y celulares incautados con esta información, aunque aún no ha avanzado en su análisis.
Uno de los reportes describe que el general Huertas habría propuesto a Calarcá crear una empresa de seguridad como fachada, que permitiría a los disidentes movilizarse en vehículos blindados, portar armas legalmente y recibir protección en sus desplazamientos. Por su parte, Mejía, descrito por fuentes como “el verdadero poder” dentro de la DNI, habría tenido un rol en la remoción de oficiales de inteligencia no alineados con el Gobierno.
En otro apartado de los archivos se revela la magnitud de la confrontación entre Iván Mordisco y el presidente Petro, incluyendo la amenaza del jefe disidente de usar supuestas pruebas de acuerdos de campaña para “tumbar” al mandatario.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reaccionó con un comunicado en el que aseguró haber tomado “atenta nota del delicado informe”. Ordenó una investigación rigurosa en coordinación con organismos de inteligencia y anunció total colaboración con la Fiscalía. “No dudaremos en tomar las decisiones que correspondan según concluyan las investigaciones”, afirmó.
Sánchez fue enfático en que ninguna conducta ilegal será tolerada dentro de la Fuerza Pública ni en las entidades del sector Defensa. “La cooperación con criminales es una línea roja que jamás se cruzará”, aseguró.
El ministro recordó que tanto alias Calarcá como alias Mordisco son considerados criminales peligrosos, con órdenes de captura vigentes por delitos como secuestro, reclutamiento de menores, extorsión, minería ilegal y narcotráfico. Aunque la orden de captura de Calarcá está suspendida por la Ley de Paz Total, Sánchez aclaró que esto no significa un “salvoconducto para delinquir” y que, si es encontrado en flagrancia, la Fuerza Pública está obligada a capturarlo.
Finalmente, reiteró que desde comienzos de año está habilitada la línea gratuita nacional 157 para denuncias contra corrupción y actividades ilegales cometidas por funcionarios o particulares. “La transparencia y la legitimidad seguirán guiando nuestro proceder institucional”, concluyó.