La polémica por el precio de la gasolina en Colombia llegó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde fue radicada una acción popular contra el Gobierno nacional. El recurso, dirigido al Ministerio de Minas y Energía y al Ministerio de Hacienda, cuestiona la política de fijación del combustible y denuncia un “sobreprecio injustificado” que, según el demandante, afecta directamente a la clase media y trabajadora.
La acción ha sido liderada por David Cote, quien se ha convertido en la voz que canaliza el inconformismo ciudadano frente al incremento sostenido de la gasolina. Cote sostiene que, pese a haberse alcanzado la paridad con los precios internacionales en octubre de 2023, el Ejecutivo continuó aumentando el valor del combustible, generando un sobrecosto aproximado de $3.249 por galón frente al valor de referencia del Golfo de México.
“Le metieron la mano al bolsillo al que camella para tapar sus huecos fiscales”, afirmó Cote, quien acusa al Gobierno de romper su propia regla y aplicar un mecanismo de “subsidio cruzado” que cobra de más a los usuarios de gasolina corriente para cubrir el déficit del ACPM. Según sus cálculos, este sobrecosto ya le habría costado a los consumidores más de $3.8 billones de pesos, golpeando directamente a trabajadores, taxistas y familias.
Más allá de las cifras, Cote ha logrado instalar un discurso que conecta con el malestar popular: denuncia improvisación, falta de estudios técnicos y una política que, en sus palabras, “primero dispara el precio y luego mira a quién hirió”. Su acción popular busca la protección del derecho colectivo al Orden Económico Nacional y solicita al Tribunal ordenar la revocatoria de las medidas que mantienen el precio artificialmente alto.