El pasado viernes, todos los asesores de la canciller Laura Sarabia abandonaron sus cargos en medio de una creciente tormenta institucional. La salida masiva se da justo cuando la Cancillería enfrenta su mayor desafío: garantizar la continuidad en la expedición de pasaportes, un servicio esencial que hoy pende de un hilo.
Sarabia, quien asumió el Ministerio de Relaciones Exteriores con la promesa de implementar un nuevo modelo de expedición de pasaportes, no logró concretar el acuerdo con la Imprenta Nacional y el gobierno de Portugal. El plan, heredado del excanciller Luis Gilberto Murillo, fue calificado por la propia Sarabia como inviable por falta de soporte técnico, vigencias futuras y respaldo presupuestal.
Ante el estancamiento, el presidente Gustavo Petro delegó la misión al recién nombrado jefe de gabinete, el pastor Alfredo Saade. CORREO NEWS conoció que este martes a las 10 a. m., Saade presentó al mandatario una propuesta definitiva para ejecutar el convenio con Portugal y la Imprenta Nacional, en un intento por destrabar el proceso antes del 1 de septiembre, fecha en la que vence el contrato actual con Thomas Greg & Sons.
Sin embargo, la Cancillería ha advertido que esta jugada es “riesgosa y sin red de seguridad”. Los equipos técnicos del Ministerio han señalado que el memorando con Portugal carece de elementos como trámites aduaneros, cronograma operativo y garantías de calidad. Aun así, Saade insiste en que el nuevo modelo puede implementarse sin traumatismos, y que el país no se quedará sin pasaportes.
¿Qué está en juego?
Más allá de un contrato millonario, lo que está en juego es el derecho de millones de colombianos a obtener su pasaporte en 48 horas, con estándares de seguridad reconocidos por Estados Unidos y la Unión Europea. La calidad del documento es clave para mantener la exención de visado en varios países europeos y para cumplir con los requisitos de seguridad exigidos por las autoridades migratorias internacionales.
La Cancillería ya fue clara: si el Palacio decide otro camino, que lo ejecute —y lo asuma— desde allí. Mientras tanto, el país observa con preocupación cómo un trámite esencial se convierte en campo de batalla política.