El Gobierno Petro parece tener los votos justos para sacar adelante la Consulta Popular en el Senado. El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha desplegado una intensa operación política para amarrar los 53 respaldos necesarios. Hoy, el mapa del Congreso que cuelga en su oficina le da luz verde, pero por un margen mínimo.
La estrategia es clara: promesas de autonomía regional, cargos en el Ejecutivo y una activa agenda de reuniones privadas con congresistas, incluidos liberales afines al expresidente Gaviria. El nombramiento de Marcela Morales en Comercio, cercana a sectores del Partido Liberal, es visto como parte del canje burocrático que refuerza la coalición del “sí”.
Mientras Petro ataca a las élites con su discurso de confrontación, Benedetti hace acuerdos con las mismas maquinarias que el presidente denuncia. Esta doble moral política ha generado tensiones internas y lo ha enfrentado incluso dentro del Gobierno, donde no pocos cuestionan su rol protagónico y su creciente poder de decisión.
Pero el verdadero riesgo no está solo en la votación. Benedetti, quien enfrenta una investigación por el caso Fonade, podría convertirse en el arquitecto de un triunfo pírrico: una victoria parlamentaria que, a cambio de cuotas y favores, erosiona aún más la promesa de “cambio” que llevó a Petro al poder.
La Consulta podría aprobarse, pero deja una pregunta en el aire: ¿a qué costo político y ético se está sosteniendo el proyecto del Gobierno?