El Ministerio de Igualdad, una de las apuestas más simbólicas del gobierno Petro, atraviesa su momento más crítico. CORREO NEWS pudo conocer que el presidente no está satisfecho con la gestión de Carlos Rosero, actual ministro, y las versiones sobre su inminente salida crecen con fuerza desde la Casa de Nariño.
Ejecución presupuestal en rojo
A pesar de haber sido creado con un presupuesto ambicioso —más de 1,8 billones de pesos para 2024—, el Ministerio de Igualdad apenas ha ejecutado entre el 0,3 % y el 2,5 % de sus recursos. La mayoría de los gastos se han destinado a nómina, y el avance en programas sustantivos ha sido mínimo. Esta baja ejecución ha sido duramente cuestionada por entes de control y por el Congreso, que incluso citó a la vicepresidenta Francia Márquez a un debate de control político.
Presuntas irregularidades y burocracia excesiva
Además de la ineficiencia, se han detectado presuntas irregularidades presupuestales que están siendo analizadas por organismos de control. Entre las críticas más fuertes está la creación de 744 cargos, muchos de los cuales no han sido ocupados, y la duplicación de funciones con otras entidades del Estado. La Contraloría ha calificado la gestión como un “fracaso institucional”.
Tensión con Francia Márquez y el control del ministerio
El presidente Petro también estaría buscando retomar el control político del ministerio, que ha estado bajo la influencia directa de la vicepresidenta Francia Márquez desde su creación. Aunque Rosero fue cercano a Márquez y formó parte de su movimiento Soy Porque Somos, su nombramiento no logró calmar las tensiones internas. De hecho, su gestión ha sido percibida como una extensión del liderazgo de Márquez, lo que ha generado incomodidad en el Palacio.
¿Y ahora qué?
La continuidad del Ministerio de Igualdad también está en juego. La ley que lo creó fue tumbada por la Corte Constitucional, y el Gobierno tiene plazo hasta julio de 2026 para tramitar una nueva norma. De no hacerlo, la cartera desaparecería. Rosero había anunciado un nuevo proyecto de ley, pero su futuro político es incierto.