Las malas prácticas políticas son una costumbre en los municipios de Colombia, pero no solo en las grandes esferas, sino también en aquellos pequeños territorios que aparentemente son inmunes a estas controversias.
Tal es el caso del municipio de El Santuario, un pueblo del Oriente Antioqueño, en donde se ha podido corroborar que el candidato a la alcaldía Martín Alberto Duque, y su esposa, Lucelly González, han sido favorecidos por diferentes contratos que en total suman alrededor de 70 millones de pesos entre los años 2020 y 2022, suscritos con el Concejo de Medellín y la Alcaldía Municipal de El Santuario.
Aunque Martín y su esposa son popularmente reconocidos en la localidad gracias a sus exitosos emprendimientos que incluyen gimnasios y suplementos para deportistas, pocos conocen que también han recibido diferentes contratos sin tener que asumir ningún tipo de compromiso laboral ni presentarse a sus lugares de trabajo. Como quien dice, unas especies de “contratos fantasmas” que son usados comúnmente para pagar favores políticos o para financiar campañas electorales con fondos públicos.
Otra característica de este tipo de contratos es que se otorgan sin el debido escrutinio de capacidades y cualificaciones, es decir, no se mide a la persona por su formación o capacidad, lo que genera un fenómeno de clientelismo que mucho daño le hace a las instituciones públicas en el país.
Luego de una exhaustiva indagación en los portales de contratación estatal, hemos corroborado que Martín Duque Gallo ha firmado contratos por más de 25 millones de pesos con el Concejo Municipal de Medellín, para brindar unos supuestos servicios de apoyo de Gestión Comunitaria en la Unidad del concejal Luis Carlos Hernández de esta ciudad[1].
Aunque dentro de las obligaciones e informes de actividades de Martín Duque se destaca la investigación de datos, acompañamiento a las sesiones plenarias del Concejal en Medellín, propiciar el acercamiento del concejal Luis Carlos Hernández a los diferentes barrios y comunas o acompañarlo en los eventos requeridos: al consultar algunas fuentes, se pudo constatar que al actualmente candidato “no lo conocían” o “nunca lo vieron” por las instalaciones de dicha corporación edilicia de la capital de Antioquia.
Es intrigante notar que en su hoja de vida o videos públicos donde destaca su experiencia, Martín Duque nunca menciona su trabajo como contratista para una de las unidades de apoyo del Concejo de Medellín. En cambio, enfoca la atención en sus dos mandatos como concejal y su destacada carrera como empresario deportivo.
Por su parte, Lucelly González, esposa del candidato, ha firmado contratos con la Administración Municipal de El Santuario por más de 40 millones de pesos en los últimos años[2]. Su labor está definida como auxiliar administrativa en la Subsecretaría de Gobierno. Sin embargo, en ningún momento se ha podido verificar su presencia en las instalaciones de la Administración como contratista. Después de averiguar con fuentes locales y no encontrar respuesta, uno de nuestros colaboradores se acercó al punto de información del Palacio Municipal preguntado por la oficina donde laboró la señora Lucelly González, sin que nos supieron dar información de su trabajo o lugar en el que laboraba.
Lo anterior es alarmante, más cuando los informes de actividades de su contrato detallan tareas como el apoyo en la atención al público de la Secretaría y Subsecretaría de Gobierno, participación en campañas para la recuperación de espacio público y la redacción de actas, entre otros, dejando un manto de dudas sobre la ejecución verdadera de los contratos.
La presencia de estos “contratos fantasmas” en la política local de El Santuario, vinculados al candidato a la Alcaldía Martín Duque y su esposa Lucelly González, configuran un asunto que no debe pasarse por alto. La evidencia presentada en esta investigación nos sumerge en un oscuro mundo de malas prácticas políticas que atentan contra la integridad no solamente de las democracias locales sino también regionales e instancias superiores.
Los casi 70 millones de pesos en contratos otorgados a Duque y a su esposa entre los años 2020 y 2022, sin que hayan logrado comprobar que cumplieron con sus obligaciones laborales, constituyen un acto que desafía toda noción de responsabilidad y transparencia.
Esta información se encuentra respaldada por pruebas sólidas obtenidas de los portales de contratación del Estado colombiano y que pueden ser consultadas por cualquier ciudadano.
Además de que nos plantea la necesidad apremiante de una investigación seria y rigurosa que revele la verdadera naturaleza de estas prácticas, para lo cual instamos a las autoridades competentes a llevar a cabo una investigación exhaustiva que permita resultados contundentes, para que de una vez por todas se pueda avanzar en la recuperación de la confianza de la comunidad en sus representantes.
Es hora de poner fin a estas sombras en la política que vulneran la confianza de los ciudadanos en sus líderes políticos y atentan contra la ética que debe regir la gestión pública.
Anexos de las evidencias presentadas
[1] Anexo. Enlaces contratos en la plataforma de contratación estatal:
2020:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11253031
[2] Anexo. Enlaces contratos en la plataforma de contratación estatal:
2021: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12245831
2022-1: 2022: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-12-12833437