La Alcaldía de Itagüí anunció el levantamiento del pico y placa en el tramo de la Autopista Sur bajo su jurisdicción, como parte de un plan piloto que comenzó a regir a las 00:00 horas del miércoles 28 de enero de 2026. El anuncio, hecho por el alcalde Diego Torres, desactiva una restricción que durante dos años se convirtió en una de las decisiones más cuestionadas por viajeros, transportadores y ciudadanos del Valle de Aburrá, por tratarse de un corredor de conexión regional con impacto directo sobre miles de personas que transitan diariamente por esa vía.
El levantamiento llega después de meses de presión pública y de denuncias insistentes que pusieron el tema en la agenda y le quitaron el disfraz técnico a la decisión. El pulso lo sostuvo y lo visibilizó Juan David Florez, mejor conocido como El Itagüiseño, con denuncias y evidencia de que la medida corresponde a un presunto negocio y que no tiene asidero técnico. Si algo deja claro este giro del alcalde Torres, es que la medida se volvió políticamente insostenible frente a la inconformidad acumulada y la presión que ejerció el ciudadano Juan David Florez
La controversia no se reduce a movilidad. La crítica más repetida apunta a que el pico y placa terminó operando, en la práctica, como una fuente de recaudo: comparendos, cobros y reportes de embargos de cuentas para quienes fueron sancionados. Y ahí aparece el núcleo del cuestionamiento: si ahora se puede levantar, ¿por qué se sostuvo durante tanto tiempo? ¿Qué cambió, exactamente, entre el “antes” y el “ahora”?
Más aún: la restricción se justificó durante meses —según la narrativa oficial— por la necesidad de gestionar el tráfico mientras avanzaba una obra asociada al intercambio vial de Fábricas Unidas. Sin embargo, ciudadanos señalan una contradicción difícil de ignorar: se habla de iniciar obras (con retraso) y aun así se levanta el pico y placa, lo que alimenta la sospecha de que la medida no estaba amarrada a la ejecución real de la infraestructura, sino a una lógica distinta.
Levantar la restricción puede aliviar la movilidad regional y bajar el malestar, pero no borra lo ocurrido. La pregunta que queda flotando es simple: ¿habrá transparencia total sobre lo que dejó esta medida y sobre quiénes ganaron —o pretendieron ganar— con su permanencia? En un corredor nacional, la explicación también debe ser nacional.