El Acuerdo de Escazú entró en vigor el 22 de abril de 2021, se trata del primer tratado
Internacional de América Latina y el Caribe para proteger el medio ambiente y tiene como propósito principal “garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados”.
Según Carolina Barreto, docente de la Tecnología en Gestión Ambiental del Politécnico
Grancolombiano, el acuerdo es “En primera instancia, busca proteger a las personas que defiendan el medio ambiente y a prevenir conflictos medioambientales donde
se garantice que puedan participar en la prevención de dichas problemáticas desde un principio. Por otro lado, facilita que las comunidades puedan acceder a la información de manera oportuna, entendible y que haya igualdad de condiciones en la ejecución de procesos que puedan impactarlos a ellos y a sus territorios”.
El acuerdo de Escazú resulta proteger también los derechos de quienes velan por proteger el medio ambiente, el país ha sido considerado como uno de los más peligrosos para quienes desarrollan esta actividad “Se podrían evitar casos como los presentados en el suroeste antioqueño con las minas de oro, la demanda millonaria que se suscitó por la prohibición de exploración en el páramo de Santurbán en el departamento de Santander, la prevención de daños como los que se materializaron en Hidroituango, o la concesión de una licencia para explorar hidrocarburos en caño cristales en la Orinoquia colombiana”, afirmó Barreto.
Colombia firmó el Acuerdo de Escazú el 11 diciembre de 2019 pero, no se había implementado porque debía ser ratificado por el Congreso de la República, ahora, pasará a sanción presidencial.