Por: Veri Cueto
De las 6.5 millones de personas en edad de pensión que hay en Colombia, sólo 1.6 millones pudieron acceder a ese derecho. O más bien, al sistema de privilegios que funciona muy bien en el país, ya que no de otro modo puede denominarse el andamiaje que hipócritamente cuestionan algunos, los mismos que tienen el poder para modificarlo, pero que optaron por cuidar beneficios inmerecidos de los cuales gozan unos cuantos, no precisamente los destinatarios de pírricas mesadas difícilmente conseguidas. Me quiero explicar: según lo dicho por Asofondos, el gremio de las administradoras de fondos de pensiones y cesantías, al sistema pensional se le puede considerar perverso porque en el régimen público concede altos subsidios a las personas de más altos ingresos. ¿Lo leyó bien? Las más altas pensiones pagadas por el fisco tienen grandes subsidios. Y téngase en cuenta: no son altas como producto del ahorro, sino del diseño del sistema. A eso, ANIF lo denomina “mala focalización de los subsidios”.
Una elegante manera de describir un evidente, vulgar y desigual modo de asignación de los recursos públicos. Y pasa en otros sectores, esos tradicionalmente protegidos por un Estado que no premia la productividad y la eficiencia, sino el llanto y el chantaje de poderosos grupos. El caso de los subsidios es un triunfo de las castas y una mala práctica incorporada por los grupos que dicen hacer política. Un vicio en el manejo de la cosa pública, de los tantos que por décadas se niegan a abandonar y que a través de triquiñuelas y falsedades logran conservar para proteger la popularidad y mantener en el bolsillo a influyentes personajes y familias. Y eso lo ratificaron esta semana: se acaban de apuntar una victoria para mantener inmodificables los privilegios de que goza una minoría: el 1% que tiene pensión superior a $10 millones (unas 17.000 personas), a las que suelen mezclar con el resto para que las vean como “pobres pensionados”. En el trámite de la reforma tributaria el gobierno ha cedido al chantaje y ha aceptado no establecer una raquítica tasa sobre ese ingreso mensual de millonarias pensiones que, valga la pena precisar, en el caso de las públicas tiene un componente de subsidio hasta del 80%, como lo admiten tanto Asofondos como Anif y la fila de especialistas conocedores de la indignante repartija del erario.
Se discute de tiempo atrás, que así como no tiene razón de ser esa inequitativa forma de premiar con subsidios a quienes no los necesitan, en Colombia las personas naturales deben tributar más vía impuesto de renta, como es normal en otras economías. Pero eso se dice de dientes para afuera porque a la hora de tramitar reformas tributarias, todas terminan por servir únicamente para cubrir un faltante fiscal de manera temporal y no corregir las fallas estructurales, como esta de que sean las empresas las que hagan el mayor esfuerzo en renta. Con mucho ruido Colombia entró al selecto grupo de países Ocde, pero eso de las buenas prácticas se le olvidó al entrar. En ese club, la tasa de renta promedio para empresas es del 23% y en Colombia, con la reforma, podría ser hasta del 60%, advierten algunos centros de estudios económicos. Es decir, mucho tilín tilín y nada de paletas. Siguen pagando los mismos, y cada vez más; y siguen pasando de agache los mismos. Esta vez, los 17.000 “pobres pensionados” con mesadas superiores a $10 millones que, arropados en esa pesarosa condición, se niegan a tributar un mínimo más por vía de renta. Absurdo. ¿Alguna razón para pensar que los deberes con el Estado cesan cuando se adquiere la condición de pensionado? Bienvenidos a la nueva Colombia, la del cambio.