“¿Acaso soy Fito yo?”, lanzó Aquiles Álvarez en su enlace radial, comparándose con el líder criminal de Los Choneros, para rechazar la posibilidad de prisión preventiva en el marco del caso Triple A. La frase, provocadora y políticamente calculada, es más que un desahogo: es una estrategia para reforzar el relato de persecución judicial.
El alcalde de Guayaquil enfrenta cargos por presunta comercialización irregular de combustible subsidiado. La Fiscalía lo vinculó al proceso el pasado 9 de abril, y la etapa de instrucción fiscal concluye el 11 de mayo. Álvarez insiste en que no existen pruebas en su contra, y que su papel como representante legal de una empresa comercializadora de diésel no constituye delito.
Con tono desafiante, Álvarez denunció que lo están llevando a juicio sin evidencias, y pidió demostrar —si se puede— que ha traficado combustible o acumulado fortunas indebidas. “No hay pruebas, ni de tráfico, ni de enriquecimiento. ¿Dónde están los 100 millones de dólares?”, ironizó.
La comparación con “Fito” no es menor. Álvarez busca marcar distancia entre su caso y el discurso punitivo con el que el gobierno ha enfrentado al crimen organizado. Al tiempo que desactiva esa narrativa, pone sobre la mesa otro guion: el del político incómodo al que se busca neutralizar con fiscales, no con votos.
Más allá del caso, su mensaje político es claro: pide estabilidad institucional para garantizar la transferencia de recursos a los gobiernos locales. “Necesitamos que los municipios cobren lo que les corresponde”, dijo. Traducción: el juicio no puede frenar la obra pública —ni su liderazgo— en la ciudad.
Con el cierre de la instrucción fiscal en puerta, el caso Triple A se acerca a una fase decisiva. Álvarez, mientras tanto, libra su propio juicio en la arena política. Y sabe que cada palabra, cada frase —incluso una comparación con Fito—, cuenta.