La libertad de expresión y de prensa son inherentes a la democracia y al Estado de derecho. Son derechos consagrados en la Constitución, pero también conllevan deberes de los propietarios de los medios de comunicación y de los periodistas, en primer lugar, así como de quienes los leen o escuchan, que con frecuencia se convierten en transmisores de los contenidos y la información, en algunas ocasiones inocentemente, pero en otras con pleno conocimiento de que no son ciertos y sin recabar en el daño que pueden causar. Esto ha aumentado significativamente con el uso de las redes sociales, al punto de que gobernantes de todo el mundo han optado por gobernar a través de estas aplicaciones y que las llamadas “bodegas”, amparadas en el anonimato, se hayan convertido en un instrumento para apoyar o descalificar a personas, partidos y grupos sociales. Esto con frecuencia se traduce en declaraciones imprecisas, a veces falsas y con frecuencia contradictorias y malintencionadas, no solamente por parte de quienes las profieren, sino de personas que se supone están coordinadas en contenidos que transmiten y las decisiones que se toman. En caso de no hacerlo, se genera desconfianza y confusión, pero además se pueden convertir en obstáculos e incluso echar a perder avances que se hayan logrado en procesos complejos.
Para ilustrarlo, han sido reiterados los mensajes encontrados entre la ministra de Minas y los ministros de Hacienda de este Gobierno relacionados con la firma de nuevos contratos de exploración de petróleo y de gas. Mientras la primera ha dicho varias veces que no habrá nuevos contratos, los segundos la han desmentido o, por lo menos, han intentado matizarla. Algo similar ocurrió con la propuesta que ella hizo para desacelerar el incremento de la gasolina a algunos sectores. Por otra parte, en los albores de 2023, se anunció que se había acordado un cese al fuego bilateral con el ELN, lo cual fue desmentido por este grupo. Un ejemplo más reciente fue la declaración del presidente Petro cuando afirmó que el ELN hace tiempo dejó de ser una organización política y que ahora su interés se centra en actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico. Esto sucedió cuando estaba comenzando una nueva ronda de negociaciones en Cuba y la reacción no se hizo esperar: puso en riesgo su continuidad hasta que el presidente rectificara. Como si esto no bastara, hace un par de días el jefe de Estado manifestó que el nombre de “paz total”, uno de los ejes centrales de su gobierno, no es de su autoría, sino de los medios de comunicación. Sin palabras.
Nada de esto es nuevo ni debe sorprendernos. Lo que sí debería inquietarnos es que con frecuencia quienes ostentan posiciones de poder en el sector público o privado, o que por sus actividades tienen influencia en amplios sectores de la población, consideren que no tienen la obligación de acatar las normas que rigen las libertades mencionadas. Ningún ciudadano, por importante que sea, puede vulnerar estos derechos. Y mucho menos quienes se consideran demócratas. Los medios de comunicación pueden resultar incómodos para los gobernantes, sobre todo cuando los critican. Si las críticas o la información publicada están sustentadas en hechos verificables, por duras o molestas que sean, nada justifica que los medios o los periodistas sean descalificados, estigmatizados ni calumniados. Lamentablemente, la tolerancia de los mandatarios a estos hechos no siempre se aplica.